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Nueva Ley de vivienda: con la judicatura hemos topado

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Publicado el 18.1.2022

 

El pasado 14 de enero, el máximo órgano de gobierno de los jueces constató el fracaso del Anteproyecto de Ley de Vivienda, una de las medidas estrella de los socios de gobierno del Presidente Pedro Sánchez.

 

 

 

 

El Consejo de Ministros del día 26 de octubre de 2021 aprobó el Anteproyecto de Ley de Vivienda, proyecto que hasta la semana pasada continuaba su tramitación como ley ordinaria y que debía ser informado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mediante un informe preceptivo aunque no vinculante.


El vocal D. Álvaro Cuesta era el ponente de dicho informe que trataba de declarar el anteproyecto como “un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido al derecho a la vivienda”.


No obstante, lo que prosperó finalmente con el voto de 15 vocales de los 20 que componen el Pleno, fue la enmienda de otro vocal, D. Enrique Lucas, quien consideraba que el texto legal violaba las competencias autonómicas en tema de vivienda. El apoyo mayoritario a la enmienda de D. Enrique Lucas ha ocasionado que la propuesta inicial de informe favorable al anteproyecto haya quedado invalidada y que la redacción del informe deba ser realizada por otros vocales. El CGPJ ha decidido posponer su informe sobre el Anteproyecto hasta el pleno del próximo 27 de enero.


La mayoría de vocales del órgano de gobierno de los jueces, tanto del grupo progresista como del conservador, ha considerado que el Anteproyecto de Ley de la Vivienda de Sánchez, bajo la premisa de que regula un derecho fundamental, viola las competencias que tienen atribuidas las autonomías. Según la enmienda mayoritariamente aprobada el Anteproyecto "evidencia una atracción artificiosa a la esfera estatal de la ordenación completa y agotadora de una materia que el artículo 148.1.3 de la Constitución dejó a disposición de las comunidades autónomas para, así, imponer un modelo de intensa intervención pública en la vivienda que hace irreconocible la configuración del derecho de propiedad que contiene la vigente legislación civil".


En conclusión, el citado Anteproyecto podría vulnerar nuestra Carta Magna por no respetar el marco competencial del derecho a la vivienda y por no respetar el derecho de propiedad de nuestra normativa civil.


Contenido polémico del Anteproyecto

Recordemos que tras su aprobación por el Consejo de Ministros, el Anteproyecto ha suscitado enormes críticas dentro del sector inmobiliario por considerarse que algunas de las medidas que impone no van a suponer una solución al gran problema de escasez de vivienda asequible en nuestro país, ni tampoco va a estabilizar el precio de la vivienda de alquiler.


Recordemos que sus principales líneas de actuación son el establecimiento de zonas de precios tensionadas en las que controlar el precio del alquiler, la reserva del 30% de las nuevas promociones para vivienda social o los incentivos fiscales para la reducción de precios.


La medida del control de precios en zonas tensionadas se venía aplicando en Cataluña el último año, y también en otras ciudades europeas como Berlín pero según algunos estudios recientes no ha conseguido su objetivo, al reducir la oferta y darse bajadas de precios menores que en otras zonas del país donde no se aplicaba.


Otra de las claves del Anteproyecto es la reserva del 30% de los nuevos desarrollos inmobiliarios a vivienda social con el objetivo de impulsar las cifras del parque de pisos sociales en España. La norma establece la obligación de compensar a los promotores -monetariamente, con cesión de suelo en otra ubicación o permitiendo aumentar el propio desarrollo en un 30%-, pero los profesionales del sector critican el planteamiento, ya que dificulta la venta de viviendas y puede llevar a la paralización de la inversión, algo que se ha dado en Barcelona y que se buscaría evitar con las compensaciones.


Desde Unidas Podemos, socio de gobierno de Sánchez, se muestran preocupados por los retrasos injustificables a una ley que consideran dará respuesta a la emergencia habitacional que vive nuestro país. De hecho, este Anteproyecto de Ley de Vivienda y la tan nombrada derogación de la reforma laboral del gobierno de Rajoy se han convertido en dos puntos de fricción de los socios de gobierno que incluso han puesto en peligro la aprobación de los presupuestos en varias ocasiones.


Una vez más el poder judicial ha puesto freno a medidas intervencionistas del ejecutivo que claramente podrían atentar contra la seguridad jurídica en nuestro país. ​

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Ana Sacristán

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