Whistleblowing: El canal de denuncias en grupos de empresas

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Publicado el 29.2.2024


La centralización del canal de denuncias en la matriz de los grupos de empresa ha sido una práctica habitual desde la publicación de la Directiva Whistleblowing de la Unión Europea, que dictaba a los Estados que obligasen a las entidades privadas con 50 o más trabajadores a establecer canales individuales de denuncia interna y procedimientos de seguimiento, sin distinguir entre empresas y grupos de empresas.




La Ley española señala en su artículo 11 que los grupos de empresa estarán obligados a establecer una política general común Whistleblowing, sin perjuicio de la autonomía e independencia de las sociedades filiales para realizar las adaptaciones que requiera su actividad. No obstante, la ley sí que permite que el canal de denuncias y el Responsable del Sistema sean únicos para el grupo, permitiendo además el intercambio de información entre diferentes responsables del grupo cuando sea necesario en base a criterios de coordinación y eficiencia. 

Mientras tanto, a nivel europeo, tras las consultas remitidas por varias asociaciones empresariales europeas, la Comisión Europea puntualizó que los grupos conformados por filiales medianas (más de 49 trabajadores y menos de 250) también pueden beneficiarse de la flexibilidad de la Directiva en cuanto a intercambio de información y recursos.

En este sentido, según la Comisión Europea, una sociedad filial podría beneficiarse de los recursos y capacidades de investigación de la matriz, siempre que aquella sea una mediana empresa, tenga su propio canal de denuncias en funcionamiento y el informante tenga derecho a conocer quién tendrá acceso a la denuncia (pudiendo oponerse a que sea remitida a la sociedad matriz). No obstante, la garantía de confidencialidad de la denuncia, la respuesta que debería recibir el informante del responsable y la adopción de medidas correctivas o sancionadoras correrían a cargo de la filial donde se haya detectado y denunciado la irregularidad. 

Además, los trabajadores que reporten una infracción podrían en todo caso dirigirse a la sociedad matriz si entiende que es más capaz de investigarla, existiendo un derecho de poder elegir el canal de comunicación.

En caso de que la irregularidad (por su extensión o materia) solo pudiera resolverse eficazmente a nivel del grupo, debería notificarse al informante este hecho y pedírsele autorización para trasladar su caso a la matriz. En caso de que no acepte, el grupo debe permitirle retirar la denuncia y presentarla a través de canales externos, que en el caso de España sería la -todavía inexistente- Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Como se aprecia, mientras que la ley española abre la posibilidad de centralización del Sistema, la interpretación de la Directiva por la Comisión Europea concluye que, si bien la centralización del canal de denuncias en la sociedad matriz hace el sistema de denuncias más eficiente y puede ofrecerse a los trabajadores de las filiales, la posibilidad de aquellos de reportar irregularidades por los canales de denuncias internos de la filial, debe ser efectiva, mucho más en empresas grandes que en aquellas medianas, con independencia de los costes de implementación.

Esto quiere decir que mientras que la Comisión Europea recomendó, en atención al principio de proximidad, la descentralización de los canales de denuncia en cada país, la Ley española permite a los grupos de empresas decidir si en España prefieren un canal de denuncias separado, o que el sistema sea único para el grupo.

Pese a que la interpretación de la Comisión no es vinculante para los Estados Miembros, quedará esperar a ver si se plantea la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE.

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Rafael San Bruno Casuso

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