Las normas ESG Europeas (2)

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​​​​​​​​​Publicado el 7.5.2024


En marzo de 2024 las instituciones europeas (el Parlamento Europeo y la Comisión Europea) se han mostrado particularmente activos, y han acordado la emisión de hasta cuatro normas, todas ellas dentro de lo que se viene llamando “ESG” (Environmental, Social, Governance): el Reglamento que cierra el mercado de la UE a productos obtenidos con trabajos forzoso (Forced Labor Ban Regulation, FLBR), la directiva sobre Green Claim (GCD), el reglamento sobre embalajes y residuos de embalajes (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) y la directiva sobre las obligaciones de diligencia debida en las empresas (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CS3D). Ya en marzo de 2023 se aprobó otra norma encuadrable en el mismo sector, la Directiva 2022/2464, sobre Presentación de Información sobre Sostenibilidad por parte de las Empresas (CSRD).



No hace mucho publicamos en este mismo foro unas líneas sobre el FLBR. Ahora hablaremos de la (propuesta de) Directiva GCD. 

Cada vez más productos se identifican como “ecológicos”, “verdes”, “respetuosos con el medio ambiente” y muchas otras expresiones parecidas. Lo “ecológico” y lo “verde” vende. La pregunta es… ¿cómo sabemos que esas afirmaciones son ciertas? Hace cuatro años, en 2020, una investigación de la Comisión Europea reveló que el 53 % de las afirmaciones hechas en la publicidad sobre productos en la UE eran imprecisas, engañosas o sin fundamento claro; un adicional 40 % simplemente no tenía soporte de ninguna clase.

Esta propuesta de Directiva pretende fijar reglas para fundamentar y comunicar afirmaciones explícitas en materia de “productos verdes”, en las relaciones B2C (de las empresas hacia los consumidores), y será aplicable a las afirmaciones voluntarias sobre esas características de un producto, y sobre los esquemas de etiquetado medioambiental no cubiertos aún por otras normas europeas (como son por ejemplo el Reglamento 66/2010 sobre la ecoetiqueta, o el Reglamento 2018/848 sobre Productos Orgánicos). 

La propuesta de Directiva pretende que los Estados Miembros tomen medidas para asegurarse de que las empresas que hagan esas manifestaciones sobre sus actividades, servicios o productos “ecológicos”, cumplan una serie de requisitos y dispongan de una serie de medios de prueba de lo que dicen, como por ejemplo aclarar si se refieren a toda su actividad o solo a parte de ella, si a todos sus productos o solo a algunos, o si a algunas partes de un producto concreto o a todas ellas; o basar sus afirmaciones en evidencias científicas; o tener en cuenta todo el ciclo del producto, desde su fabricación hasta su posible reciclado o reutilización; o comprobar que un logro positivo en la materia no conlleva impactos negativos en el medio ambiente o un excesivo consumo de otros recursos… la lista es extensa, si bien la propuesta de Directiva no especifica ningún medio concreto de prueba de las afirmaciones “ecológicas”. 

También regula las afirmaciones “comparativas” (de modo que cuando se hagan tales afirmaciones, sean basadas en criterios, información o datos equivalentes, cubran los mismos aspectos medioambientales y cubran también los mismos aspectos o puntos de la cadena de valor).

Los Estados Miembros deben asegurarse de que la comunicación de (en otras palabras, de que la publicidad conteniendo) “virtudes medioambientales” esté fundada e incluya información al consumidor los usos previstos del producto. También tienen que preocuparse los Estados Miembros de que los etiquetados medioambientales cumplan determinados requisitos y de que sea posible verificar su contenido. Y pueden establecer un sistema de multas para las empresas incumplidoras.

Los requisitos medioambientales en general no se aplicarán en principio a microempresas (con menos de 10 empleados y con menos de 2 millones de euros de beneficio).

La terminación del proceso de emisión de esta nueva regla comunitaria no tiene fecha definida, de modo que no es posible – al momento de escribir estas líneas, con el proceso paralizado y unas elecciones europeas en ciernes; el proceso no se reanudará hasta que éstas se celebren – fijar una fecha, ni siquiera aproximada, de entrada en vigor. 

En definitiva, se trata de evitar el uso indiscriminado y sin fundamento de expresiones que identifiquen a un producto como “ecológico”, o como “respetuoso con el medio ambiente”, o similares. Tendencia que se ha venido identificado como “greenwashing”, y que en España ya ha derivado en algún que otro proceso judicial: en marzo de 2024, Iberdrola demandó a Repsol por greenwashing… alegando que las campañas publicitarias de Repsol infringen la Ley de Competencia Desleal, al incluir actos y omisiones engañosas sobre el compromiso medioambiental de Repsol (por ejemplo, “Repsol se erige en líder en transición energética cuando es la empresa que más gases de efecto invernadero emite”). Tenga fundamento o no, algo en lo que aquí no podemos entrar, la propuesta de Directiva da precisamente los criterios para valorar si esas afirmaciones “ecológicas” tiene base suficiente o si son correctas y veraces.

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Manuel Huerta

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