Sobre las normas ESG europeas

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​​​​​​​​​Publicado el 30.4.2024


En marzo de 2024 las instituciones europeas (el Parlamento Europeo y la Comisión Europea) se han mostrado particularmente activos, y han acordado la emisión de hasta cuatro normas, todas ellas dentro de lo que se viene llamando “ESG” (Environmental, Social, Governance): el Reglamento que cierra el mercado de la UE a productos obtenidos con trabajos forzoso (Forced Labor Ban Regulation, FLBR), la directiva sobre Green Claim (GCD), el reglamento sobre embalajes y residuos de embalajes (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) y la directiva sobre las obligaciones de diligencia debida en las empresas (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CS3D). ​




Ya en marzo de 2023 se aprobó otra norma encuadrable en el mismo sector, la Directiva 2022/2464, sobre Presentación de Información sobre Sostenibilidad por parte de las Empresas (CSRD).

Aquí hablaremos brevemente del primero de los proyectos de norma, la FLBR (los demás los dejamos para futuras reseñas). Su objetivo principal es prohibir que productos fabricados usando mano de obra “esclava” (trabajo forzado) se vendan en, o se exporten desde, la Unión Europea. El trabajo forzado se define como “cualquier trabajo o servicio que se obtiene de una persona bajo la amenaza de cualquier sanción o para el que dicha persona no se ha ofrecido de forma voluntaria”. Un elemento novedoso del proyecto actual es que, por primera vez en comparación con proyectos precedentes, contempla de forma expresa la prohibición de la mano de obra infantil.

La prohibición se aplicará a cualquier producto en el que se use mano de obra infantil o forzosa, en cualquier punto de la cadena de producción (extracción, recolección, producción, manufacturado, tratamiento o procesado de cualquier parte del producto), y sobre cualquier producto ya sea perecedero o no, producido en, distribuido en, o exportado desde cualquier lugar de la UE. La norma tiene vocación extraterritorial, de modo que afectará (ya veremos en la práctica, teniendo Europa como tiene una cada vez mayor dependencia tecnológica y de materias primas de terceros países que no parecen ser, digamos, tan escrupulosos en la materia; véase a propósito la “puerta trasera” que se menciona más adelante) a multitud de negocios y empresas no europeas que sí operan en territorio de la UE. Y afecta a empresas de todos los tamaños (aquí hay una discrepancia que ya se verá cómo se resuelve, porque ni la CSRD ni la CS3D en sus actuales respectivos estados regulan sobre pequeñas y medianas empresas; la vocación de la FLBR es más amplia).

La FLBR no impone expresamente obligaciones a las empresas en materia de control, ya que prevé funcionar en paralelo con otras normas (CS3D) que sí lo hacen. Sin embargo, para cumplir con la norma, las empresas deberán disponer de políticas claras y de procedimientos para identificar, vigilar y en su caso solventar cualquier problema derivado del uso de mano de obra forzada o infantil en sus operaciones y cadenas de valor. Esas políticas y procesos, costes de implementación aparte, ayudarán a las empresas a asegurar y a demostrar si fuera necesario que sus productos están libres de esa lacra (trabajo infantil y/o forzado). 

La FLBR prevé que la Comisión Europea establezca una base de datos de áreas geográficas de alto riesgo, más sectores de producción, más grupos de productos, y deja en manos de los gobiernos particulares de cada país de la UE el implementar y hacer cumplir la norma. Lo que, aparte del trabajo de las respectivas policías de aduanas, obliga a crear una nueva (otra más) autoridad regulatoria nacional responsable de implementar las medidas y de investigar los casos de incumplimiento. Más gasto público.

Una vez en vigor la FLBR, se supone que si se detecta que un producto determinado no cumple (se ha elaborado en alguna de sus fases de producción y comercialización con mano de obra infantil o forzada), ese producto no podrá ponerse en el mercado ni exportarse. Cuando solamente una parte del producto incumple, esa parte debe ser retirada (cómo se hace esto cuando se trata de productos multicomponente, con partes de orígenes diversos, por ejemplo, es un misterio). Ninguna parte o producto retirado del mercado se podrá reexportar a terceros países (que no sean tan respetuosos con la norma, se entiende, porque los respetuosos ya tienen prohibido importarlos), sino que tendrá que ser donado, reciclado o destruido, todo a cargo de la empresa infractora; y la correspondiente autoridad nacional tendrá la potestad de multar al infractor.

Con todo, la FLBR contiene alguna que otra puerta trasera: cabe la posibilidad de que determinados productos “críticos” fabricados por mano de obra forzada o infantil no sean destruidos, ni reciclados, ni donados, sino “almacenados” hasta que la mano de obra forzada o infantil haya desaparecido de la cadena de producción y suministro (lo que no subsana el problema de base: esos productos almacenados fueron producidos por mano de obra forzada o infantil; que “después” el productor diga o “demuestre” que ya no incumple las reglas no debería servir para santificar lo producido anteriormente. Aunque se trate, por ejemplo, de valiosísimos -por escasos- microchips). Otra carencia de la FLBR es que, durante su desarrollo, algunas organizaciones han pedido que se incluyeran provisiones destinadas a indemnizar a las víctimas del trabajo infantil o forzoso, de manera que la implementación de la FLBR fuese más efectiva a la hora de erradicar esa lacra de las cadenas de producción y suministro. Tales provisiones no se han incluido.

Las previsiones más optimistas dicen que esta regulación estará vigente en algún momento de 2027.

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Manuel Huerta

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