La extinción del contrato por incapacidad deja de ser automática

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Publicado el 6.2.2023


El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en sentencia del pasado 18 de enero de 2024, (C‑631/22), Asunto Ca Na Negreta, derivada de una cuestión prejudicial planteada por el TSJ de Baleares, ha dictaminado que el art. 49.1.e ET, que actualmente  permite  al empresario extinguir de forma automática el contrato de trabajo  por incapacidad permanente es contrario a (i) la Directiva 2000/78/CE, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y  ocupación y (ii) el objetivo de integración profesional de las personas con discapacidad contenido en el artículo 26 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 




La sentencia del TJUE remarca que las empresas deberán realizar ajustes razonables del puesto de trabajo del incapacitado antes de acudir a la extinción de su contrato de trabajo, salvo que suponga una carga excesiva para el empresario. 

En efecto, el  contenido del artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE indica que el empresario está obligado a adoptar medidas adecuadas – eficaces y practicas - teniendo en cuenta cada situación individual, para permitir a cualquier persona con discapacidad acceder al empleo, tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente, o para que se le ofrezca formación, sin que ello  suponga una carga excesiva para el empresario.

Para determinar la desproporción de esta carga excesiva, el Tribunal recuerda que deben tenerse en cuenta, los costes financieros que estas adaptaciones impliquen, el tamaño, los recursos financieros y el volumen de negocios total de la organización o empresa y la disponibilidad de fondos públicos o de otro tipo de ayuda. 

Además, precisa que, en cualquier caso, solo existe la posibilidad de destinar a una persona con discapacidad a otro puesto de trabajo si hay por lo menos un puesto vacante que el trabajador en cuestión pueda ocupar.

A la luz de lo anterior, la carga excesiva pasa a ser el  concepto clave para denegar de forma  justificada  la posibilidad de adaptación del puesto de trabajo del trabajador incapacitado  ya sea por razones económicas, organizativa o productivas.  

Como consecuencia del fallo europeo, el Gobierno ha iniciado los trámites para  promover una modificación legislativa que impida la resolución automática del puesto de trabajo del incapacitado.  

Desde Rödl & Partner, les mantendremos de cualquier novedad legislativa al respecto. 
Le significamos  la necesidad  de llevar a cabo  valoración de cada situación, con el objetivo de verificar si es posible llevar a cabo una adaptación del puesto de trabajo del incapacitado o, en su defecto, que medidas debe adoptar la empresa para la amortización de su puesto de trabajo.  ​

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Joaquín Echavarri

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