Devolución de la Plusvalía Municipal: Cambio de criterio del Tribunal Supremo

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Publicado el 12.3.2024


El Tribunal Supremo declara en la Sentencia 339/2024, de 28 de febrero, la posibilidad de obtener la devolución de lo pagado por la plusvalía municipal, incluso en liquidaciones firmes, cuando, en la transmisión por la que se giró la liquidación tributaria, no existió incremento del valor de los terrenos y, por tanto, se pagó por una ganancia que realmente no se produjo.




El Tribunal Constitucional declaró nulos e inconstitucionales los preceptos de la Ley de Haciendas Locales por los que se regula la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU, conocida como plusvalía municipal) en la sentencia STC 182/2021, de 26 de octubre, profundizando en la vulneración del principio de capacidad económica. Asimismo, la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite la revisión de oficio del acto firme de liquidación. Sin embargo, no se pudieron revisar aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto, que a la fecha de dictarse la sentencia habían sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme.

En el caso de las liquidaciones por IIVTNU que hubieren gravado transmisiones en las que no haya existido incremento del valor del suelo, se trata de actos nulos y, además, son actos que han producido una lesión efectiva de un principio de rango constitucional, el de capacidad económica como fundamento y límite de la obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas.

La Ley General Tributaria permite la revisión de oficio de estas liquidaciones firmes en casos de inexistencia de incremento de valor de los terrenos, ya que la propia Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional permiten calificar de nulas estas liquidaciones.

Cabe obtener la devolución cuando no hubo incremento de valor del terreno 

La fase de admisión de la solicitud de revisión de oficio permite constatar, sin dificultad alguna, si concurre el supuesto para el que la STC 59/2017 declaró que la aplicación de los artículos 107.1 y 107.2.a) LHL es inconstitucional y nula e inadmitir la revisión de oficio cuando manifiestamente no concurra la nulidad de pleno derecho del acto de aplicación.

Con base en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la STC 59/2017, el Tribunal se pronuncia sobre las liquidaciones que han gravado situaciones en las que no existía incremento del valor de los terrenos y que, por tanto, gravaron con un tributo inconstitucional una riqueza inexistente, más aún, ficticia.

El pronunciamiento permite solicitar la devolución, incluso en caso de que la liquidación fuera firme. No obstante, la solicitud de rectificación de la autoliquidación debe producirse antes de transcurrir el plazo de cuatro años de prescripción del derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos.

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Beatriz Junoy

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