Clausulas abusivas en materia de telecomunicaciones

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​​​​​​​Publicado el 17.5.2024


El pasado 9 de mayo, el Consejo General del Poder Judicial hacía pública una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que confirmaba una multa impuesta a una compañía en el sector de las telecomunicaciones, por limitar el derecho del cliente y consumidor a recibir copia en papel de su factura. 




En un sector tan digitalizado como son las telecomunicaciones, donde abundan los contratos de adhesión, el consumidor debe tener derecho a recibir copia de su factura en papel. Así se ha pronunciado recientemente la Sala Tercera del Alto Tribunal al resolver un recurso interpuesto por una compañía que presta servicios de telecomunicaciones frente a una decisión del TSJ de Andalucía que confirmaba una multa impuesta por la Junta de dicha comunidad autónoma. 

La disputa parte de una cláusula fijada por la compañía, que estipulaba que de elegirse la domiciliación bancaria como método de pago, el cliente aceptaba recibir la factura en formato digital. Lo anterior sin perjuicio de que pudiese elegir en cualquier momento la recepción en formato papel, a solicitud del cliente. 

En su recurso, la compañía argumentaba que la cláusula no imponía la emisión de factura electrónica, y que el mismo podía solicitar recibirla en papel. 

Sin embargo, la Sala rechaza esta argumentación, y considera infringido el artículo 63.3 TRLGDCU, al limitar la cláusula el derecho del usuario a recibir la factura en papel de un modo sustancial. 

En este sentido, el citado artículo 63.3 TRLGDCU se refiere precisamente al derecho del consumidor a recibir las facturas en papel. Y según el Alto Tribunal, contiene dos exigencias que no se han cumplido en este caso: que el derecho a recibir la factura en papel es un derecho incondicionado y que la renuncia tiene que ser expresa, y debe manifestarse mediante un procedimiento contemplado por la propia ley. 

Igualmente, la sentencia argumenta que el derecho a recibir una factura en papel es “difícilmente compatible” con su inclusión en unas condiciones generales de un contrato de adhesión, de aceptación forzosa. 

Por todo lo anterior, considera la Sala que la empresa deberá ser “la que solicite el consentimiento y dicha solicitud deberá precisar tanto la forma de recepción de la factura electrónica como la posibilidad y procedimiento para revocar el consentimiento a recibir una factura electrónica en vez de en papel”. ​

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Javier Poncet

Abogado

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