Limitaciones a las facultades de representación del administrador

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​Publicado el 16.6.2023


Los administradores de una sociedad poseen un poder de representación prácticamente ilimitado para vincular a la sociedad. Por ello, es frecuente plantearse cómo pueden los socios retomar parte del control de la gestión de su sociedad, restringiendo algunas de las facultades de la administración social a su favor.





El artículo 234.1 de la Ley de Sociedades de Capital determina que las facultades de representación del administrador comprenden todos los actos que se incluyan en el objeto social de la compañía. En relación a esta amplitud de sus funciones, y para fomentar el control de la compañía por parte de los socios, ¿sería posible que la Junta General establezca e inscriba en el Registro Mercantil unos límites al poder de representación del administrador?

El poder de representación de los administradores

En la estructura orgánica de las sociedades de capital, encontramos dos órganos de dirección y organización de una compañía: la Junta General de los socios -como órgano deliberante y representativa de la voluntad social- y el órgano de Administración -como órgano ejecutivo que asume la gestión social de la misma. 

Tales administradores, desde la fecha de su nombramiento y aceptación del cargo, tienen atribuidos las funciones de representación, gestión y dirección cotidiana de la sociedad, encargándose de organizar los recursos materiales y humanos que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto social de la compañía. A título ejemplificativo, esto significa que tiene la capacidad de actuar en nombre de la sociedad, realizar actos de disposición (como la venta de activos o constituir avales), celebrar contratos comerciales y laborales y, en general, ejercer los derechos y obligaciones de la sociedad.

Respecto del alcance de estas funciones de representación, el artículo 234 de Ley de Sociedades de capital atribuye al administrador un poder ilimitado, en tanto que los actos o gestiones realizados en nombre de la sociedad estén comprendidos en el objeto social. 

Asimismo, dado que es difícil apreciar a priori si un determinado acto queda incluido o no en el objeto social de la sociedad, el artículo 234.3 de la Ley de Sociedades de Capital extiende los efectos de la representación del administrador, esto es, su capacidad de vincular y obligar a la sociedad a terceros de buena fe, aun cuando el acto realizado no esté comprendido en el objeto social. 

En vistas de este poder “ilimitado” concedido por la norma, es frecuente plantearse una forma de restringir o limitar los poderes del administrador con el ulterior objetivo de favorecer el control de los socios de la sociedad. 

En este sentido, son habituales las consultas referidas a la posibilidad de limitar sus facultades de disposición de los bienes de la sociedad con un límite cuantitativo o, establecer en los estatutos una obligación de solicitar una autorización expresa de la Junta General para realizar determinadas operaciones con la sociedad. Pero, ¿sería posible establecer tales limitaciones a las facultades de representación de los administradores?

El poder ilimitado e ilimitable del administrador

En virtud del artículo 234.2 de la Ley de Sociedades de Capital: 
“cualquier limitación de las facultades representativas de los administradores, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros”. 

En la interpretación de este artículo, cuyo contenido es inderogable, la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública es clara, por cuanto que no admite la inscripción en el Registro Mercantil ninguna limitación de los poderes de representación del Administrador, que tenga por objeto surtir efectos ante terceros (Resoluciones de 10 de febrero de 2021 y de de 17 de septiembre de 2015). 

Por lo que, en síntesis, no sólo se atribuye al administrador un poder ilimitado, sino también, ilimitable, por cuanto que el Registro Mercantil no permite la inscripción, ni en los estatutos ni en otros acuerdos sociales, restricciones que limiten sus facultades. El fin perseguido por la norma –dicen las resoluciones del Centro Directivo— es la protección de terceros quienes deseen contratar con la sociedad, evitando cualquier incertidumbre o ambigüedad sobre el alcance de las facultades de representación. 

Con todo ello, aun cuando la regla general de los actos inscritos en el Registro Mercantil es que su contenido se presume exacto, válido y conocido de todos (no pudiendo alegarse su ignorancia), los terceros que deseen contratar con la sociedad no deben estar obligados a realizar indagaciones sobre las limitaciones del poder representativo derivadas de los estatutos o los acuerdos, en aras de favorecer el tráfico mercantil y la seguridad jurídica en el mismo.

En definitiva, ¿qué alternativas nos quedan, entonces, para limitar las facultades del administrador?

Si bien en el tráfico externo y respecto de terceros, las limitaciones a las facultades del administrador no sean inscribibles, sí surten efectos puramente internos e inter partes las limitaciones que la Junta General pueda acordar por medio de un acuerdo social no inscrito, o unos estatutos sociales inscritos en el Registro Mercantil que, limitando las funciones y facultades del administrador, establece expresamente la salvedad de lo dispuesto en el artículo 234.2 de la Ley de Sociedades de Capital. 

La infracción de estas limitaciones puramente internas, aun cuando no evita la vinculación de la sociedad para con el tercero con el que haya contratado, sí genera una responsabilidad del administrador frente a la sociedad por este incumplimiento.

Al margen de las limitaciones internas, las compañías también pueden recurrir a la implementación de otros métodos de gobierno corporativo singulares que fomenten el equilibrio del poder de la administración social. Un ejemplo de ello es la implementación del principio de “control dual” (también comúnmente denominado «4-eyes principle» o «Two-Man rule») que, entre otros, se puede conseguir decretando un órgano de administración mancomunado, cuyos nombrados deben actuar siempre conjuntamente para aprobar y ejecutar las decisiones y transacciones en la sociedad.

En conclusión, aunque, ab initio, el nombramiento de un administrador ha de basarse en la confianza, los socios pueden optar por introducir o implementar otros métodos de control interno, supervisión o de gestión de riesgos, que permitan establecer este equilibrio entre los poderes de la administración social y la voluntad expresada por la Junta de Socios.

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