Incumplir el plazo para resolver no extingue las facultades arbitrales

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Publicado el 18.7.2023


El Tribunal Supremo Federal de Suiza ha considerado que no es irrazonable tardar casi 2 años en resolver un litigio deportivo sobre amaño de partidos, ampliando el plazo para dictar el Laudo por parte del Tribunal de Arbitraje internacional del Deporte, con sede en Lausana, dada la complejidad fáctica y jurídica del caso.




Antecedentes

A un tenista español, miembro de la Asociación de Tenistas Profesionales (“ATP”), se le incoó en una instrucción penal en España por sospechas sobre su posible implicación en la manipulación o amaño de partidos deportivos (match-fixing), lo que suponía un delito de corrupción deportiva. Pero al final, terminadas las investigaciones oportunas, se archivó el proceso por no haber indicios delictivos. 

El 14/5/2019, los Oficiales de Integridad del Tenis Profesional de la ATP, remiten este asunto a la Unidad de Integridad del Tenis (UIT o ITIA en inglés -International Tennis Integrity Agency-) para iniciar una tramitación de oficio y llevar a cabo también las investigaciones correspondientes sobre el posible amaño de partidos por parte del tenista. Dicha Unidad, es un organismo creado por la ATP, la WTA (la asociación de mujeres tenistas), la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la junta de Grand Slam (compuesta por los abiertos de Australia, Estados Unidos, Roland Garros y Wimbeldon), precisamente para combatir la corrupción en el tenis, basada en la política de tolerancia 0, y mantener la integridad en la competición.  

Finalmente, tras los trámites pertinentes, el 30/11/2020 la UIT adoptó la decisión de suspender al tenista durante 8 años sin competir, más una multa de 25.000 USD (dólares estadounidenses) por cometer tres infracciones reguladas en el Programa Anticorrupción del Tenis de la Federación Internacional. 

Recurso ante el CAS (Tribunal de Arbitraje internacional del Deporte) y fallo del Laudo Arbitral

El 28/12/2020, el tenista recurre la decisión ante el CAS y tras celebrarse la vista el 15/12/2021, se produjeron una serie de prórrogas, 8 concretamente, para aplazar la emisión del laudo final con base en el artículo R59 sobre el Reglamento de Procedimiento del Código de Arbitraje Deportivo (Código CAS). 

El 30/11/2022, la Formación del CAS por los 3 árbitros designados para dicho procedimiento (nº2020/A/7616) dictó el Laudo y estimó parcialmente el recurso presentado por el tenista, reduciendo la suspensión sin poder competir a 6 años y el importe de la multa se fijó en 15.000 USD. 


Recurso ante el Tribunal Supremo Federal de Suiza 

En consecuencia, el 13/1/2023, el tenista interpuso recurso en materia civil ante el Tribunal Federal, solicitando la anulación del Laudo, que fue admitido a trámite con nº4A_22/2023. En respuesta a tal recurso, tanto el CAS como los Oficiales de Integridad del Tenis Profesional de la ATP se opusieron al mismo. 

Alegaciones del tenista en su recurso al Tribunal Federal suizo
El tenista fundamentó su recurso en las siguientes alegaciones:
  1. Tras la vista celebrada ante la Formación arbitral del CAS, surgieron hechos nuevos y pruebas que debían ser tenidas en cuenta excepcionalmente. Se trataban de hechos procesales no contemplados en el Laudo, consistentes en que los tres árbitros designados se demoraron indebidamente en dictar la decisión del litigio, habiendo caducado sus facultades de conformidad con el artículo 190.2 let.b de la Ley Federal de Derecho Internacional Privado de 18/12/1987, al amparo del artículo R59 del Código CAS, y con base en la sentencia del Tribunal Federal que resolvió el recurso nº140 III 75.  En concreto, determinó que expiró el mandato de los árbitros el 10/6/2022, y que si se tuviera en cuenta la nueva edición del artículo R59, publicada el 1/11/2022, el mandato para dictar el Laudo habría expirado el 18/5/2022. 
  2. La adopción de la decisión arbitral se produjo fuera de plazo (conforme al punto anterior). 
  3. El Laudo arbitral era incompatible con el orden público. 
  4. El artículo R59 del Código CAS era totalmente arbitrario ya que no limita las prórrogas, además de que las partes del procedimiento no participan en la decisión de la ampliación de plazo ni tampoco la Formación del Tribunal debe motivar sus ampliaciones para dictar el fallo. Y, 
  5. Vulneración del principio de celeridad, cuya importancia en el deporte es esencial. Puesto que la resolución no se dictó en un plazo razonable, durando el procedimiento arbitral casi 2 años y no llevándose a cabo ninguna actividad desde la vista celebrada el 15/12/2021.

Sentencia del Tribunal Supremo Federal de Suiza

El 16/5/2023, el Tribunal Federal dictó sentencia desestimando el recurso planteado por el tenista e imponiéndole las cosas, con arreglo a los siguientes pronunciamientos: 

  1. No puede corregir o complementar de oficio las conclusiones de los árbitros en el Laudo de acuerdo con lo establecido en el artículo 105 párrafo 1 de la Ley del Tribunal Supremo Federal de 17/6/2005 (LTF), puesto que su tarea no es resolver como un tribunal de apelación sino únicamente examinar las quejas admisibles contra el Laudo, ya sean fundadas o no. Aunque conserva la facultad de revisar los hechos si se producen nuevos o surgen pruebas posteriores al procedimiento arbitral. 
  2. La nueva edición del Código CAS no es aplicable al caso puesto que es para procedimientos iniciados ante el CAS a partir del 1/11/2022. Por lo que, es de aplicación el contenido anterior del artículo R59, que dispone “La parte dispositiva del laudo deberá ser comunicada a las partes en el plazo de tres meses a contar desde el traslado del expediente a la Formación. El/La Presidente/a de la Cámara podrá ampliar dicho plazo a solicitud motivada del/de la Presidente/a de la Formación.”
  3. La competencia de la Formación arbitral no finalizó el 10/6/2022 de manera automática ya que la prórroga fue concedida válidamente por el Presidente Adjunto de la División de Arbitraje de Apelación.  
  4. No procede el paralelismo entre este caso y la sentencia del Tribunal Federal sobre el recurso nº 140 III 75. Ya que en aquel asunto las partes del procedimiento habían puesto fin expresamente al mandato del árbitro único por tardar en dictar el Laudo, éste había aceptado el fin, sin embargo decidió dictarlo fuera de plazo y sin facultades para ello. Pero el caso del tenista español es distinto porque las partes no han revocado las facultades de la Formación arbitral del CAS. 
  5. Tanto la versión actual como la anterior del artículo R59 del Código CAS no prevén que el incumplimiento del plazo para dictar el Laudo extinga automáticamente las facultades de los árbitros. Además, el Tribunal Federal suizo ya declaró que el plazo para dictar los laudos es un plazo de orden (sentencia 4A_600/2018), por lo que no priva a los árbitros para pronunciarse sobre el litigio. 
  6. El Laudo no es contrario al orden público. Pues, no vulnera principios básicos del derecho (orden público material), más habida cuenta que no basta con que la prueba haya sido apreciada de manera errónea, que se constate un hecho manifiestamente falso, o que se haya infringido una norma jurídica en la resolución (va más allá de la arbitrariedad); por ello este motivo de anulación de resolución arbitral es extremadamente excepcional. Y tampoco infringe derechos fundamentales (orden público procesal), de lo contrario la decisión sería incompatible con los valores del Estado de Derecho. 
  7. No puede pronunciarse sobre si el artículo R59 del Código CAS es arbitrario o no, pero aclara que su aplicación errónea o arbitraria no supone per se una vulneración del orden público. 
  8. La vulneración del principio de celeridad no es equiparable a una infracción de orden público procesal. Y, de todos modos, para valorar si un asunto se resuelve en un plazo razonable se ha de atender a la complejidad y a las circunstancias fácticas y jurídicas del caso. Por ello, según estos criterios, entiende el Tribunal Federal que el litigio era complejo de resolver fáctica y jurídicamente. No siendo irrazonable un plazo de casi 2 años para resolver el procedimiento, pese a ser un periodo largo en comparación con los plazos habituales del CAS para decidir.  

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Manuel Gómez-Reino

Abogado

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