Consideraciones sobre la fase de instrucción

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Publicado el 15.12.2023


En la reciente sentencia nº176/2023 el Tribunal Supremo se pronuncia sobre el efecto del auto de archivo de las diligencias previas en la fase de instrucción de los procedimientos penales, y de la posibilidad de reapertura de dichas investigaciones, así como sobre el momento en el que deben declarar los investigados.  




En el procedimiento penal, y previo a formular la acusación, existe un periodo de diligencias preliminares en el que se practicarán aquellas medidas de investigación necesarias para obtener indicios de la comisión delictiva. 

No obstante, en ocasiones, dichas diligencias no arrojan suficientes evidencias, lo que implica que el procedimiento penal no avance más allá de esta fase de investigación. 

Esta semana analizamos una sentencia del Tribunal Supremo, dictada por su Sala de lo Penal en fecha 13/03/2023, que trata los supuestos en los que, después de archivarse provisionalmente las diligencias de investigación, procede o no su reapertura. 

En este sentido, la sentencia indica que un auto de archivo -y no de sobreseimiento libre- tiene un carácter provisional, y no impide la reapertura de las diligencias, porque se trata de un cierre provisional, que no tiene efectos de cosa juzgada. Ahora bien, el Tribunal Supremo indica que si se ha archivado la instrucción por haber transcurrido el plazo sin practicarse las diligencias de investigación suficientes, entonces no procederá dicha reapertura. 

Igualmente, el Tribunal Supremo se refiere en esta sentencia a la práctica de la diligencia de investigación consistente en el interrogatorio de los investigados. Así, se refiere al momento cuando dicha prueba debe ser practicada, y considera que, si bien la Ley de Enjuiciamiento Criminal no dispone de forma expresa que deba practicarse durante la instrucción, del artículo 324 de dicha Ley de Enjuiciamiento Criminal se puede concluir que todas las diligencias de investigación deben de realizarse en el plazo de la instrucción. 

No obstante, el Tribunal Supremo va más allá de la interpretación literal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y concluye que “precisamente por la función de singular garantía que se le asigna a esta singular diligencia, hay una sólida justificación constitucional que obliga a que esa declaración se realice en la fase de instrucción”. Manifestando que de no proceder así, existe un riesgo de vulnerar el derecho de defensa, porque para la instrucción, es necesaria la contradicción, y no se puede llevar a cabo “de espaldas” al investigado. ​

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Javier Poncet

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