Bajo sospecha la conversión de préstamos ordinarios en participativos

PrintMailRate-it

Publicado el 14.11.2023


Hace apenas un mes hemos conocido la sentencia de fecha 11 de octubre de 2023 de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo, relativa a un caso en el que la Tesorería General de la Seguridad Social había considerado al administrador de una sociedad limitada en concurso de acreedores responsable solidario de la deuda por cotizaciones y otros conceptos impagados por la concursada. 




La condena al órgano de administración, declarada inicialmente en vía administrativa por la Tesorería de la Seguridad Social y confirmada posteriormente por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, se basaba en el supuesto de responsabilidad solidaria previsto en el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC),norma de carácter mercantil aplicable al caso por remisión del artículo 18.3 de la Ley General de la Seguridad Social.

En síntesis, la TGSS fundaba la derivación de responsabilidad al administrador en el supuesto incumplimiento por parte de éste de las obligaciones derivadas de la concurrencia de causa de disolución por pérdidas acumuladas, con el resultado de haber caído el patrimonio neto por debajo de la mitad de la cifra del capital social. 

Estas obligaciones consisten en (i) convocar la junta general de socios para que adopte medidas que corrijan el desequilibrio patrimonial y (ii) solicitar la disolución de la compañía, en caso de que la junta convocada no llegue a celebrarse o no adopte ninguna medida de saneamiento (ampliación o reducción de capital, aportaciones de socios). Si la sociedad se encontrase en situación de insolvencia (incapacidad de atender pagos), entonces prevalece la obligación legal de solicitar la declaración de concurso de acreedores.

El administrador condenado se defendió alegando que la situación de desequilibrio patrimonial fue corregida a tiempo mediante la conversión en participativos de préstamos ordinarios preexistentes, que fueron concedidos y contabilizados originalmente como pasivo exigible.

Frente a este razonamiento, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaró, pese a considerar “claro que los préstamos participativos deben considerarse a los efectos de satisfacer el requisito de capital mínimo legal [sic] de la sociedad”, que  “en el caso enjuiciado […] no se ha justificado, ni en el expediente administrativo ni en el proceso judicial, el impacto real y efectivo de las operaciones financieras concertadas, consistentes en la conversión de préstamos ordinarios preexistentes en préstamos participativos, sobre la solvencia y liquidez de la entidad mercantil, de modo que supusiese una transmisión efectiva de recursos a la sociedad, por lo que no cabe considerar enervada la concurrencia de la causa legal de disolución del artículo 367 […] de la Ley de Sociedades de Capital.” (El destacado es nuestro.)

Este pronunciamiento tan discutible de la sentencia recurrida fue considerado cuestión de interés casacional por el Tribunal Supremo, al admitir el recurso (auto de 1 de julio de 2021). Además de interés casacional, el asunto tiene un indudable interés práctico, ya que se abría la puerta a cuestionar la eficacia de la conversión de préstamos ordinarios en participativos como mecanismo idóneo para restablecer el equilibrio patrimonial en sociedades de capital en situaciones de crisis.

En efecto, introducir en la interpretación y aplicación de la responsabilidad solidaria del art. 367 LSC factores completamente extraños a su régimen legal, como el “impacto real y efectivo sobre la solvencia y la liquidez” de la conversión de préstamos ordinarios en participativos o la “transmisión efectiva de recursos a la sociedad” representa un riesgo real de indefensión para los administradores de sociedades en crisis, especialmente si este novedoso canon interpretativo se pretende aplicar en el campo de la responsabilidad por deudas de la Seguridad Social, donde la TGSS es especialmente activa contra los administradores de las empresas fallidas, como corresponde a sus competencias.  

Pues bien, el Tribunal Supremo ha evitado resolver la cuestión (pese a su declarado interés casacional), por entender que no era necesario entrar en su análisis para acabar sosteniendo la sentencia recurrida, puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pese a mencionar los mencionados criterios de “impacto real y efectivo sobre la solvencia y la liquidez” y de “transmisión efectiva de recursos a la sociedad” condena finalmente al administrador porque las medidas de saneamiento aplicadas fueron cuantitativamente insuficientes para incrementar los fondos propios hasta el importe mínimo de la mitad del capital social.

Siguen por tanto las dudas planteadas por parte de la doctrina acerca de la eficacia de esta operación como medio idóneo de saneamiento patrimonial que elimine la causa legal de disolución y la consiguiente responsabilidad solidaria de los administradores sociales, ex art. 367 LSC.​

Contacto

Contact Person Picture

Fernando Carvajal Gómez - Cano

Rechtsanwalt, Abogado

Associate Partner

+34 915 359 977

Contactar

Deutschland Weltweit Search Menu